Periódico La Jornada
Sábado 11 de febrero de 2012, p. 18
El parque eólico (PE) La Venta, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que opera en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, produce niveles de ruido de 91.8 decibeles (dB) a 500 metros de los aerogeneradores.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite superior deseable para el ser humano es de 50 dB, señaló el ingeniero electrónico Jesús Aquino Toledo, quien realizó un estudio al respecto, preocupado porque en Unión Hidalgo, su tierra natal, se está construyendo un PE con 114 aerogeneradores.
En el estudio Guías para el ruido urbano, la OMS indica que los altos niveles de ruido producen enfermedades como deficiencia auditiva, transtorno del sueño y reposo; efectos sicofisiológicos sobre la salud mental y el rendimiento, efectos sobre el comportamiento e incluso problemas cardiacos.
En comunicación enviada al presidente municipal de Unión Hidalgo, Carlos Villalobos, con copia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, Aquino Toledo le informa que el 22 de diciembre de 2011 realizó el referido estudio técnico con un sonómetro y micrófono Quest, que cumplen con la norma ANSI S1.4, los cuales tiene un margen de error de 0.2 dB, encontrando que en el punto donde está instalado el aerogenerador el nivel de ruido es de 94.2 dB, a 25 metros de distancia es de 93.9 dB, a 300 metros es de 92.3 y a 500, de 91.8.
Con estos valores se comprueba que el nivel de ruido existente en el parque eólico La Venta, de Juchitán, Oaxaca, es muy alto de acuerdo con las normas de salud a nivel auditivo, afirma, manifestando su preocupación por la instalación –en breve– en Unión Hidalgo de equipos de casi 100 metros de altura con potencia de dos megavatios cada aerogenerador, con una capacidad total de 228 Mv, a lo que se aúnan los daños a la salud que ocasiona el enorme campo electromagnético originado por las líneas de transmisión de alta tensión para el transporte de la energía eléctrica.
En otro orden, el pasado día 8 se instaló una mesa de negociaciones, con mediación del gobierno de Oaxaca, entre 39 indígenas propietarios de tierras en Unión Hidalgo y representantes de la empresa Demex, filial de la española Renovalia, a la que arrendaron sus tierras para el PE, pero la actitud de la empresa ha sido poco colaboradora con quienes desean terminar anticipadamente el citado contrato de arrendamiento, informó Alejandra Ancheita, de Prodesc, organización que acompaña la lucha de los propietarios de las tierras.
Maribel Gutiérrez, asesora legal de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, indicó que Demex envió asesores legales externos que desconocen el problema de la violación del derecho a la consulta, las intimidaciones y agresiones de que han sido víctimas los propietarios de Unión Hidalgo, por lo que solicitaron que a la próxima reunión –el 25 de febrero– acuda el director de Demex, así como los responsables de derechos humanos y de asuntos indígenas del gobierno del estado.
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