septiembre 17, 2016

CFE, la empresa estatal con más violaciones a derechos humanos: ONU

Tras escuchar 81 testimonios de personas y comunidades, expertos de la ONU dijeron que en un 50% de los casos analizados se encontraron violaciones a los derechos de los defensores, que van de intimidación hasta asesinatos.
Anabel Clemente
 08.09.2016 Última actualización 08.09.2016

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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la visita del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos a México, el organismo reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa estatal con más quejas de derechos vulnerados.
Durante los primeros días de septiembre, los expertos de la ONU, Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, escucharon los testimonios de 81 personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: 19 en la Ciudad de México, 17 en Oaxaca, 11 en Guadalajara, 6 en Hermosillo y 28 en Xochicuaulta.

Astrid Puentes, coordinadora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, señaló que entre los 68 casos documentados, los sectores donde se detectaron más abusos fueron: minería con 11; hidrocarburos con nueve; energía con ocho; construcción con ocho y agroindustria con seis.

Precisamente en el rubro de energía es donde destacan las quejas de CFE; la segunda empresa del Estado con más quejas es Pemex, de acuerdo con Puentes. 

La especialista señaló que en 50 por ciento de los casos analizados por la ONU se encontraron violaciones a los derechos de los defensores, que van de intimidación hasta asesinatos.

Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explicó que de 2010 a 2014 se registraron 615 casos de violaciones a derechos humanos, de los cuales 36 casos fueron de asesinato a defensores, principalmente en zonas campesinas.

Las especialistas señalaron que hay una crisis de derechos humanos en el país; no se cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos en México; que las empresas deben hacer más por cumplir dichos estándares.

También observaron la falta de acceso a la justicia en el Estado, pues hay un incumplimiento de sentencias, y por último consideraron necesario un mayor esfuerzo de las empresas por no afectar a civiles; es decir, no es necesario que el gobierno les indique que no lo hagan.

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