LA CFE PROVOCA CONFLICTOS EN GUERRERO //
Por Cuauhtémoc Sandoval
La Comisión Federal de Electricidad continúa provocando problemas agudos que pueden ser detonantes de graves conflictos sociales. No sólo me refiero a la pretensión de construir la presa de La Parota en el Río Papagayo, sino al cobro excesivo de tarifas de luz a indígenas y campesinos en regiones como la Montaña y la Costa Chica, y prácticamente en todas las regiones de Guerrero.
Hay cuestiones indescifrables en los recibos de luz. El Derecho de Alumbrado Público (DAP) que se le cobran a los particulares en el recibo de luz al 13% y a los comercios e industrias al 15%, en los hechos constituye otro IVA. ¿Cuál es el problema? El alumbrado público es muy difícil de determinar ya que muchas áreas que no están alumbradas, y la CFE cobra por lámpara existente.
Se supone la CFE con los ayuntamientos, tienen que hacer un ajuste entre el consumo de los usuarios y el pago que hacen, perdiendo siempre los usuarios, porque muchas áreas urbanas no están alumbradas y los comercios o las industrias pagan por dos lámparas el 15% de todo su consumo. Y a los particulares tenga o no tenga alumbrado público afuera de su casa, de todos modos se los cobra.
¿Por qué los indígenas y campesinos de la montaña y de la costa chica, deben pagar entre 800 y mil pesos bimensuales, si no hay lavadoras, videocaseteras, hornos de microondas, computadoras, y sus focos son contados, y cuando mucho tienen una plancha y radio? En algunos casos, los cobros de las tarifas de luz alcanzan de 2 a 14 mil pesos.
Está pasando un fenómeno altamente lesivo y pernicioso. Resulta que por el programa de Oportunidades, en las zonas marginadas les dan un cheque de 800 pesos bimensuales, los cuales son destinados íntegramente al pago del recibo de luz. De esta manera, simplemente se está haciendo una transferencia de SEDESOL y su supuesto combate a la pobreza, a la CFE.
Según datos recientes, como el reportaje publicado por la reportera Angélica Enciso en la edición de Jornada Nacional, el pasado 15 de febrero, se destaca que en Cochoapa El Grande, solo hay energía eléctrica en la cabecera municipal, y de las viviendas de este nuevo municipio, solo una tiene computadora, dos tienen lavadoras y alrededor de 200 viviendas tienen televisor.
Para acabarla de amolar, los indígenas de la montaña que van a los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, ahora son los que sufren las consecuencias de las heladas en esas regiones, y han sido expulsados y han retornado a sus comunidades sin la paga correspondiente. “Allá los cacharan los programas sociales”, declaró ufano el Secretario de Sedesol Nacional.
Ha surgido una organización de lucha de los pueblos de la montaña, costa chica, región centro y montaña baja que ha dado peleas importantes pero hasta ahora, los han traído de vuelta en vuelta, y que son encabezados por Bruno Plácido Valerio, Cirino Plácido Valerio y Claudio Ortega Mendoza. Hace dos días, estuvieron en la Cámara de Diputados Federal, pero en la medida que no asistieron los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo quedó en vagas promesas.
Otras demandas que están planteadas en su pliego de peticiones, se refiere a la construcción de 10 carreteras que comuniquen a la Montaña con el resto del estado, así como garantías de que no serán explotadas sus comunidades por parte de las empresas mineras extranjeras.
La justa demanda de una tarifa de energía eléctrica y preferencial justa para la región de la Montaña, se desprende de las condiciones de pobreza que asolan a la población indígena que habita esa región: La falta de empleos e ingresos económicos fijos constituye el principal obstáculo para el desarrollo integral de los pueblos originarios. Queda claro que no existe correlación alguna, entre el alto precio de la energía eléctrica y el nivel de ingresos de sus habitantes.
Aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, explícitamente no se refieren al derecho de los pueblos indígenas a la energía eléctrica, sí hacen alusión a que el Estado tiene la obligación de velar porque se respeten sus derechos humanos y le mandata para que instrumente acciones legales que promuevan el desarrollo económico de estos sujetos de derecho..
Resulta paradójico que en Guerrero donde tenemos 4 hidroeléctricas y una termoeléctrica, se les cobre altas tarifas a sus habitantes. En el colmo, el municipio de Apaxtla de Castrejón donde se ubica la hidroeléctrica de El Caracol, sus habitantes no tiene agua. Tienen que transportarla desde un manantial ubicado en Acatempan, cuando lo lógico es que se abastecieran de agua de El Caracol.
Se nos está creando una tensa situación económica y social en Guerrero, que demanda que el nuevo gobierno electo tome algunas decisiones importantes para solucionar estos graves problemas. No podemos permitir que la CFE de manera arbitraria decida sobre el destino de los guerrerenses. ¿Y por cierto que pasó con la comisión que creó el Congreso del Estado sobre La Parota? ¿Ya empezó a funcionar? Es solo una pregunta.
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