XALAPA
Desde prisión, Francisco Fernández Morales, El Potro, líder en Veracruz de la resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quien está apunto de ser absuelto de todos los delitos que lo mantienen en encarcelado desde hace dos años, advierte: “seguiremos con esta resistencia civil y no sólo eso, en cuanto pueda poner un pie en la calle iniciaré una huelga de hambre”.
El hombre que ha logrado que más de 40 mil familias dejen de pagar la energía eléctrica como parte de la resistencia civil del movimiento “Chucho el Roto”, sentencia que no se detendrá hasta conseguir buenas rutas de evacuación, un seguro contra desastres de la nucleoléctrica Laguna Verde y una tarifa preferencial para más de 300 mil personas que habitan en los alrededores de la planta.
Laguna Verde se encuentra ubicada sobre la costa del golfo de México, en el kilómetro 42.5 de la carretera federal Ciudad Cardel-Nautla, en la localidad Punta Limón, del municipio Alto Lucero, donde Fernández Morales inició su movimiento de resistencia civil.
El Potro le ganó dos causas penales a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque podría abandonar su celda en el penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, se niega a hacerlo hasta ser absuelto de un tercer delito que le imputaron por encabezar el movimiento de resistencia civil que abarca ya 28 municipios, el cual se extiende rápidamente.
“Les doy las gracias a mi gente porque creyeron en mí y en el proyecto y la disponibilidad de pegarle al garrito para cualquier manifestación”, asegura el ex legislador local panista desde la celda dos del área 7-2 de la penitenciaría.
El hombre de 52 años de edad y padre de cuatro niños inició en 1995 su movimiento de resistencia civil con poco éxito, sin embargo, cuando los cobros de energía eléctrica subieron de manera drástica, miles de veracruzanos se inconformaron y vieron el movimiento “Chucho el Roto” como su única opción para evitar pagos excesivos.
Nada se ha cumplido
Fue en 2005 cuando El Potro, siendo diputado local de Acción Nacional, tomó una fuerza descomunal al lograr que más de 35 mil veracruzanos (ahora suman más de 40 mil y cuenta con 250 mil simpatizantes) se declararan en “huelga” para no pagar la energía eléctrica, y se conformaran brigadas para evitar que los trabajadores de la paraestatal suspendieran el servicio.
Sus peticiones fueron tres y muy concretas: rutas de evacuación en excelentes condiciones, un seguro en caso de desastre y una tarifa preferencial para la población que habita en las cercanías de Laguna Verde, debido al peligro que corren por su operación.
Para lograr esos objetivos, impulsó el no pago y realizó manifestaciones frente a oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, acciones por las que fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque desde su perspectiva, la verdadera persecución inició en las elecciones federales de 2009, cuando un grupo de priístas le pidió su apoyo para hacer ganar a los candidatos del tricolor en esa región de Veracruz. Dejó atrás las filas de Acción Nacional y fue a parar a prisión.
Hasta el momento se han sumado habitantes de 28 municipios asentados alrededor de la nucleoeléctrica que están en resistencia civil y el movimiento se extiende rápidamente a la zona turística de Veracruz, Boca del Río e incluso a Xalapa, la capital del estado.
En poblados y ciudades, conformó brigadas para bloquear a los trabajadores de la CFE e impedirles que retiren los medidores de luz de las viviendas. La resistencia ya ha provocado conatos de violencia con empleados de la paraestatal.
Sabe que tiene un pie fuera de prisión tras librar los delitos de impedir el acceso a un inmueble al servicio público de energía eléctrica, privación ilegal de la libertad, amenazas y delitos cometidos contra funcionarios. Sólo le falta ser absuelto de la acusación de extorsión e impedir el servicio público de energía eléctrica, cosa que será en breve, según sus abogados.
Y es que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, echó abajo una sentencia (la más grave) de 15 años por los delitos de privación ilegal de la libertad en contra de funcionarios públicos.
Seguirá en la lucha
“En cuanto ponga un pie fuera o me saquen a la fuerza de la cárcel iniciaré una huelga de hambre de tiempo indefinido”, anuncia. Ahora su lucha será para ayudar a decenas de sus seguidores que enfrentan acusaciones penales presentadas por la Comisión Federal de Electricidad.
Hay 60 de sus simpatizantes acusados de diversos delitos, nueve más fueron a prisión (aunque salieron bajo fianza) y ocho más están amparados para evitar ser trasladados a una prisión. Con la huelga de hambre busca que la paraestatal se desista de las acciones legales.
“Primero vamos por la vía conciliatoria, somos pacíficos, pero si no son acatadas nos vamos a la huelga de hambre para no involucrar a mi gente y afectar a terceros. Para no hacer manifestaciones ni guerra civil nos vamos a la huelga de hambre”, señala.
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