diciembre 01, 2011

Caso CFE: de denunciante a responsable


Autoridades sabían de las corruptelas de por lo menos cuatro funcionarios, desde 2005

Desde 2005, y subrayadamente desde 2007, durante el periodo administrativo de Alfredo Elías Ayub, las autoridades sabían de la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, inicialmente de cuatro altos funcionarios de empresa, pero nunca se procedió ni contra éstos ni para acabar con ese problema.
Paradójicamente, y a pesar de que en la corrupción estaban y están involucrados decenas de altos y medianos funcionarios de CFE, sólo cinco personas están en prisión. Entre ellas María Elena Guerrero Escamilla, empleada menor con muchos años de servicio, quien en el año 2007 denunció malos manejos en la institución. Ya tiene cinco años en prisión preventiva.
Se le acusa de haber participado en un gran fraude en agravio de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sorprende es que se procedió contra ella al denunciar dos operaciones ilícitas en banca electrónica, con lo que puso al descubierto ese delito.
Entre lo extraño del caso está que ni la Secretaría de la Función Pública ni la Procuraduría General de la República ni la propia CFE han sabido explicar nada respecto a que la señora Guerrero Escamilla dijo que la PGR y la CFE tienen identificadas todas las cuentas a las que se transfirieron los fondos. Y los investigadores saben que ella no tiene nada que ver con esas cuentas o sus titulares.
Originalmente la señora Guerrero Escamilla era trabajadora sindicalizada en el departamento de Contabilidad. En 2003 recibió el premio Adolfo López Mateos que la CFE otorga a empleados distinguidos. En 2004 ingresó al Departamento de Tesorería y se le puso a cargo de la caja.
María Elena Guerrero informó a su superiora y ésta se puso en contacto con el banco para detener las operaciones, y dio pie a investigaciones de la SFP; detectó que entre diciembre de 2003 y junio de 2007 se llevaron a cabo 209 operaciones irregulares por banca electrónica en una oficina de la CFE. El monto total del quebranto asciende a 280 millones 152 mil 342 pesos.
La dependencia presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República contra “quien resulte responsable”. Por su parte, la PGR solicitó 18 órdenes de aprehensión. El principal presunto responsable era el empleado Alejandro Morales, quien había renunciado a la CFE en 2005 porque supuestamente se había ganado la lotería: No tuvo problemas para escabullirse. Otras 12 personas se evadieron también a la acción de la justicia.
Nuevos casos de corrupción han emergido y aún no es resuelto el de los altos funcionarios de CFE, Néstor Moreno Díaz, director de operaciones; Jorge Hermández, Carlos Rovira Baker y Gustavo Santiago Torres, que recibieron sobornos de la empresa ABB, denominada en su página web como Power and productivity for a beter world, por la renovación del contrato de la Red de servicios de energía eléctrica de México mejor conocido como SITRACEN.
La auditoría que se llevó a cabo por la denuncia de Guerrero Escamilla arrojó que de las 209 operaciones irregulares, 14 por un total de 22 millones de pesos se hicieron con claves de su banca electrónica. La interrogante fue que esa cajera desvió dinero para su beneficio personal o el de alguien más o al parecer, o fue negligente en el cuidado de sus claves.
Empero, la PGR ha revisado hasta el cansancio la única cuenta de ahorro de María Elena Guerrero y ha encontrado solamente 20 mil pesos. Además ha investigado las cuentas bancarias de todos los parientes de ella y de sus conocidos. No ha hallado ningún dinero que pueda provenir de fuentes ilícitas.
Esta mujer no tiene propiedades. Ni siquiera automóvil. Todos los días iba en pesero a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad.
El Ministerio Público sostiene que ella debió haberse percatado de las transacciones que constituyeron el quebranto, especialmente las que se realizaban con su clave. Ella afirma que su acceso al sistema no se lo permitía. Dice el MP también que ella tenía una amistad con Alejandro Morales, cosa que ella niega. Por otra parte, su defensa se ve obstaculizada por el hecho de que el disco duro de su computadora fue robado el 20 de junio, la misma noche del día en que ella denunció el fraude.
Dos son los puntos principales que sugieren su inocencia. No tiene sentido que haya denunciando un fraude en el que ella participaba, ni se le ha encontrado dinero en exceso.

Sobornos para lavar dinero

Los altos funcionarios de CFE ya citados, que recibieron sobornos de la empresa ABB por la renovación del contrato de SITRACEN habrían sido cómplices de lavado de dinero de acuerdo con documentos de una corte federal de Estados Unidos. El caso de los sobornos de la empresa suiza ABB a cuatro altos funcionarios de CFE implica además lavado de dinero, revelan documentos de una corte federal de Estados Unidos.
Esto se especifica en la acusación formal del gobierno de Estados Unidos contra John O’Shea, ex ejecutivo de ABB. Se estima que O’Shea y el intermediario (mexicano) Fernando Maya Basurto les pagaron en total cerca de un millón de dólares por la renovación del contrato con la paraestatal.
Los cargos que se le imputan a O’Shea son conspiración, violaciones de leyes federales de prácticas de corrupción (los sobornos), lavado de dinero internacional y falsificación de documentos en una investigación federal. En todos estos delitos estarían involucrados los cuatro altos funcionarios de CFE que solicitaron y recibieron sobornos.
Una de las medidas que tomaron para ocultar el ilícito fue precisamente la falsificación de documentos, que incluyó el robo de un estudio de CFE que ya existía, para ser presentado como documento nuevo que justificara la operación.
Además, por indicaciones de los funcionarios de CFE, se realizaron transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos, Alemania y México. Algunas de las cuentas estaban a nombre de familiares de los funcionarios de CFE.


No hay comentarios:

Publicar un comentario