noviembre 17, 2012

CFE, licitaciones en puerta


Los gasoductos calientes están que arden. No, no me refiero a las explosiones recientes en los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que comanda Juan José Suárez Coppel. Más bien, las cosas se han puesto al rojo vivo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Jaime González Aguadé, con las licitaciones para construir un enorme sistema de gasoductos en el noroeste del país.

El dato es que la CFE ya licitó dos de los cuatro ductos en discordia: el de Sásabe-Guaymas, que le adjudicó a la firma estadounidense Sempra, y el de Guaymas-El Oro, en donde la moneda está en el aire entre el propio Sempra y la canadiense TransCanada.

Pero aquí es donde aparece un dilema que pone de pronóstico reservado la licitación: la californiana Sempra, según multitud de reportes, anda enredada en malos pasos. Se ventilan asuntos en contra de ellos sobre defraudación fiscal y lavado de dinero, entre otros, en varias cortes estadounidenses y, aquí en nuestro país, en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Por añadidura, a partir de la información hecha pública durante las entregas de ofertas, hay serias dudas en el medio sobre la confiabilidad técnica del proyecto de Sempra en el gasoducto del Sásabe: no sea que, por encandilarse con lo barato, les vaya a salir “más caro el caldo que las albóndigas”. Entonces, aquí, para los nuevos chicos de la CFE -a cargo de esta feria de contratos a final de sexenio-, el problema es darle un segundo ducto a Sempra, garantizándole un largo monopolio gasero desde la frontera hasta Topolobampo, con todo y las dudas sobre sus actuaciones y amistades en México así como sobre el proyecto anterior o bien, irse a la segura con el gigante canadiense.

Finalmente, TransCanada ya le construyó a la CFE otros gasoductos, hoy en operación. Así que, ahora, las ofertas están sumamente parejas y la moneda, en el Guaymas-El Oro, puede caer para cualquier lado.

El pasado viernes, la industria de juegos y sorteos agrupada en la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), que capitanea Miguel Ángel Ochoa, se anotó el logro más importante de los empresarios en los últimos años, ya que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la Segob, que encabeza Alejandro Poiré, publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que le cierra la puerta a la ilegalidad.

El reglamento vigente desde el 17 de septiembre del 2004, por mandato de Vicente Fox, dejaba algunas lagunas que promovían actividades que las dependencias no podían supervisar ni controlar, como las más de 200,000 máquinas tragamonedas que operaban al margen de la ley.

Y es que, mientras los más de 350 casinos cumplen regulaciones para certificar sus máquinas de juegos y sorteos, en el comercio público -como farmacias, tiendas o papelerías- existen máquinas sin la autorización ni supervisión de ninguna dependencia.

Por ello, ahora sólo la Segob autorizará las máquinas de juegos y sorteos, por lo que a partir de hoy iniciarán las inspecciones para erradicar las más de 200,000 máquinas del comercio público.

Además, el nuevo decreto establece la obligación de que el Director de Juegos y Sorteos solicite la opinión previa del Consejo Directivo de la misma Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para modificar, ampliar u otorgar permisos para abrir nuevas salas de apuesta.

Incluso se estipula que ya no podrán darse permisos que contengan la autorización para abrir ene cantidad de salas, como las que obtuvo Caliente, de Jorge Hank, pues ahora sólo podrán otorgar permisos que incluya una sala.

La apuesta de Poiré y del presidente Calderón también aborda la ludopatía, enfermedad que los empresarios de juegos y sorteos de la AIEJA han atendido desde hace dos años. A partir de este viernes, podrán tomar medidas que lleven a que los ludópatas y sus familias conozcan los centros especializados. Éstas son las modificaciones más importantes que contiene el Decreto publicado por el DOF, firmado por el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación.

Fuente: EL ECONOMISTA

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