Son muchos años los que la alemana Siemens ha trabajado en México contratada por el gobierno federal y son muchos miles de millones de dólares los que ha ganado de las arcas públicas.
También son muchas dependencias gubernamentales las que han hecho negocios con esa empresa europea --Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y varias secretarías de Estado--, sin importar sus fallas constantes, incumplimientos, sobrecostos y, en general, muchos abusos cometidos.
Por eso sorprende que después de cientos de contratos en donde diversas entidades públicas han pagado miles de millones a Siemens, ahora ésta se lance en una campaña mediática y en una lucha legal en tribunales de Estados Unidos en contra de su principal contratista, Petróleos Mexicanos.
Todas esas irregularidades cometidas por Siemens en México durante varias décadas, pero principalmente incrementadas en los dos últimos gobiernos cuando el Partido Acción Nacional asumió el poder, ha generado por fin una reacción gubernamental y por instrucciones del presidente de la República se ha ordenado frenar todas las licitaciones del gobierno federal en donde la alemana Siemens ha presentado propuestas, como una medida de presión para impedir que siga ordeñando las finanzas públicas mediante contratados amañados y pésimos servicios.
Esto último entendido porque al tratarse de licitaciones internacionales de donde varias entidades públicas han hecho las convocatorias, no se puede prohibir a Siemens su participación, pero lo que sí pueden las diversas dependencias del Estado es detener toda licitación en donde la empresa alemana pretende participar y adjudicarse los contratos multimillonarios.
El pasado 28 de mayo, Pemex emitió un comunicado en el que acusa a la alemana Siemens, AG, y a la coreana SK Engineering –socias de Conproca, SA de CV– de divulgar “información engañosa” sobre el proceso judicial que entabló la petrolera mexicana en tribunales de Estados Unidos bajo la conocida Ley Rico (Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero) por actos de corrupción.
La paraestatal que encabeza Emilio Lozoya Austin asegura que actúa con estricto apego a derecho, y añade que el pasado 24 de mayo SK Engineering y Siemens presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York una petición para que el juez desestime la demanda de Pemex, derivada de violaciones a la Ley Rico, en relación con el proyecto para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, a fin de resarcir los daños ocasionados a la paraestatal, así como los gastos asociados.
Pemex recuerda en su comunicado que fue Conproca la que originalmente, en 2011, llevó el caso a la Corte de Nueva York.
“Ahora, las empresas demandadas alegan que se plantean asuntos ya resueltos en un arbitraje”.
No obstante, indica la paraestatal, “lo que se discutió en arbitraje fueron los pagos realizados a Conproca y si ésta había ofrecido el soporte documental que, de manera suficiente y clara, justificara la legitimidad de las facturas presentadas y la procedencia de su pago, más no [los] actos fraudulentos relacionados con el contrato”.
Pemex sostiene que Siemens y SK Engineering elaboraron y llevaron a cabo un sistema de presentación de facturas fraudulentas (firmadas y autorizadas por el gerente general de SK Engineering), que fueron transmitidas por Conproca a un fideicomiso en Nueva York para su pago.
Así, cada pago se iniciaba en la cuenta de dicho fideicomiso y se depositaba en una cuenta de Conproca en Citibank, también de Nueva York.
Este tema se remonta a 1998, cuando Conproca (o Consorcio Proyecto Cadereyta, en el que también participaba la empresa mexicana Tribasa) fue contratada por la filial Pemex Refinación para la reconfiguración y modernización de la Refinería Héctor Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León.
Para 2001, el consorcio ya había demandado a México en cortes internacionales para exigir una millonaria indemnización.
En agosto de ese año, la Procuraduría General de la República abrió una averiguación por supuestos pagos injustificados a favor de Conproca.
La investigación alcanzaba a varios funcionarios de Pemex, entre ellos el entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willards Andrade.
Un mes después, el consorcio entabló un juicio en contra Pemex y de Pemex Refinación en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, Francia, por la falta de pagos adicionales que se generaron durante la ejecución del contrato.
El monto de dicho contrato ascendió a 1 mil 800 millones de dólares por las modificaciones que fue sufriendo.
A pesar del alto costo, la obra estaba inconclusa cuando los funcionarios de la petrolera pagaron el finiquito.
En su comunicado, la paraestatal afirma que las acciones fraudulentas causaron daños a Pemex y a Pemex Refinación por millones de dólares, sin precisar una cifra.
“El referido sistema buscaba, además, compensar el déficit financiero en que incurrió Conproca al haber presentado una oferta en términos económicos muy inferiores a los de mercado, promoviendo, a través de sobornos, la firma de diversos convenios, plazos adicionales y extensión de plazos para la ejecución de garantías relacionadas con el contrato.
Lo anterior tuvo lugar a pesar de las opiniones negativas del CICATA-IPN (auditor técnico del contrato), en el sentido de que los pagos reclamados por Conproca no estaban considerados originalmente o no se documentaron de manera adecuada”, refiere Pemex.
Agrega que estos últimos esfuerzos de Siemens y SK para desestimar la demanda “no sorprenden, debido a que ambas compañías, a pesar de la clara procedencia de la acción promovida, prácticamente han copiado sus peticiones en un intento de ignorar los efectos de dicha demanda, alegando la inaplicabilidad de la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero y la incompetencia de la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, hechos que Pemex ha demostrado con pruebas”.
NIEGA CONPROCA
ACUSACIÓN DE PEMEX
La reacción de Siemens al comunicado de Pemex fue inmediato y la semana pasada el consorcio Conproca negó categóricamente que alguna de las facturas presentadas a Pemex por el proyecto Cadereyta sea “fraudulenta”, ya que corresponden a trabajos efectivamente realizados y recibidos de conformidad por la paraestatal e incluso, sostiene, tienen como soporte adicional los contratos y convenios a los que voluntariamente se sujetaron las partes.
“Si Pemex cuenta con evidencias sólidas y veraces de que dichas facturas son fraudulentas, deberá presentarlas ante las instancias legales correspondientes”, señaló.
Conproca confía en que el caso promovido ante la Corte estadounidense tendrá un desenlace positivo para ellos, y confían en que se respetará el debido proceso en aras de la certeza jurídica.
Según Conproca en información publicada en El Universal, En los escritos presentados ante la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York, Pemex primero habló de sobornos para la obtención del contrato para la modernización de la Refinería Cadereyta; luego afirmó que se habrían dado durante el proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional y al final referiría que ocurrieron durante la ejecución del proyecto Cadereyta para que se le autorizaran sobrecostos a Conproca.
TROPELÍAS DE
SIEMENS EN CFE
Mientras que el director general de Pemex, Emilio Lozoya, se ha lanzado en una batalla legal y mediática en contra de Siemens y SK Engineering por un hecho de clara y abierta corrupción, su homólogo de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, guarda silencio a pesar de las innumerables anomalías que la empresa alemana cometió en la CFE durante los años 2006 y 2007, en donde hubo perjuicios considerables para el erario.
En un amplio reporte de 32 páginas, quien fuera titular del Órgano Interno de Control de la CFE durante el gobierno de Felipe Calderón, el chihuahuense Marcos Molina Castro, describe cómo servidores públicos de la CFE y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se coludieron para proteger a la empresa extranjera Siemens por los pagos irregulares que recibió, a fin de que eludiera las sanciones correspondientes, así como lograr que le fueran devueltas cantidades millonarias por multas correctamente aplicadas en incumplimientos de contratos.
El excontralor de la CFE confiesa cómo se coludieron el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ahora senador panista; la exsubsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, Elizabeth Yáñez Robles; la extitular de la Unidad de Normatividad, Arrendamiento, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la SFP, y el director adjunto de Normatividad de esa misma Unidad, Espartaco Rodolfo Higuera Iglesias, para evitar que Siemens fuera obligada a pagar penalizaciones por 57 millones 329 mil 245.
16 dólares.
Molina Castro señala que este caso Siemens-CFE “muestra el alto nivel de corrupción de los funcionarios de la CFE y de la Unidad de Normatividad, Arrendamiento, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, quienes confabulados urdieron mecanismos legaloides para favorecer a los contratistas (Siemens) del organismo (CFE) en perjuicio de éste, igual operaba con directivos de Pemex, IMSS, ISSSTE, Capufe y secretarías de Estado, en donde lo mismo cancelaban ilegalmente observaciones de auditoría, que implicaban devoluciones millonarias para las constructoras y autorizaban pagos irregulares cobijados en opiniones de dicha Unidad”.
El excontralor de la CFE afirma que la principal responsable de los dictámenes amañados de la Función Pública, Esperanza Esparza Cadena, siempre estuvo protegida por el panista Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública e íntimo amigo de Felipe Calderón.
“Martínez Cázares siempre tuvo el poder político para sostener en el cargo a Esperanza Esparza Cadena, jefa de la Unidad de Normatividad, en donde con sus escandalosos y absurdos veredictos recaudaba recursos para la futura campaña política a la Presidencia de la República de Germán.
Uno de esos fabulosos negocios que armaron, fue reducir la sanción contractual que se había impuesto a Siemens por su incumplimiento a los contratos que celebraron”, acusa Molina Castro.
El excontralor recuerda una reunión que sostuvo el 26 de julio de 2008 con el entonces secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en la casa alterna al edificio sede de la Secretaría y en presencia también del panista chihuahuense Jorge Manzanera Quintana, destacado operador electoral, en donde Molina Castro les informó de todas las irregularidades cometidas por Siemens en la CFE y la protección que la Función Pública le otorgaba.
Por la CFE, el excontralor Marcos Molina señala como responsable directo del daño patrimonial a las finanzas de la CFE al exsubdirector de Generación, Luis Carlos Hernández Ayala, después nombrado director de Operación, y acusa también de omisión al exdirector general de dicha Comisión.
Fuente: EL MAÑANA
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