Ciudad Ixtepec.- Comuneros en Defensa del Territorio y de la Comunidad de Ciudad Ixtepec acusaron al comisariado de bienes de Ciudad Ixtepec, Germán Rosado Valencia, -quién se encuentra impugnado-, de querer pactar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuerdos para abastecer de energía eléctrica a proyectos mineros en la zona.
Lo acusaron de entregar al Registro Agrario Nacional (RAN) un acta falsa de Asamblea en la que afirma que los comuneros le otorgan “facultades generales para actos de dominio a fin de suscribir con Comisión Federal de Electricidad los contratos de Servidumbre Legal de Paso ante el Notario Público” y que la Comisión Federal de Electricidad determine, lo que significa que es la entrega de las tierras comunales de Ixtepec.
Según el acta falsa, los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine, en condiciones abusivas. Por tanto, CFE podría obtener gracias a esta acta las servidumbres de paso necesarias para suministrar electricidad al proyecto de minería a cielo abierto.
En esta localidad, se pretende ubicar un proyecto minero que abarca una concesión de 8 mil 150 hectáreas, denominada “lote NIZA”, con número de título 232089, la cual fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano por un periodo de 50 años.
El acta señala un pago único de 45 pesos por metro cuadrado más 5 pesos por metro cuadrado por daños (árboles, cultivos, etc.) para las tierras afectadas que serían 593,856.64 metros cuadrados, y que este pago será recibido únicamente por los representantes comunales, es decir el comisariado de bienes comunales.
En una misiva, los comuneros expusieron que el acta falsa que CFE obtiene las tierras por un pago único muy inferior al que dará en otras comunidades. Por ejemplo, en Chihuitán CFE pagará el doble por la servidumbre de paso, 90 pesos por metro cuadrado y en Ixtepec a 45 pesos.
“Nosotros suponemos que el comisariado alcanzó un acuerdo en lo oscuro para recibir apoyos a cambio de entregar a precio de remate las tierras comunales, por eso estamos alertando y denunciando este macabro hecho de Germán Rosado Valencia”, expusieron.
Recordaron que asambleas comunales legítimas habían acordado en 2015 que solamente se acepten acuerdos con CFE a cambio de pagos en renta (no pagos únicos), superiores a los 50 pesos ofrecidos, y solamente si se informa previamente a la comunidad de la finalidad de los proyectos y se lleva a cabo una Consulta Previa, Libre e Informada como lo indica el convenio 169 de la OIT.
“La ley señala que decidir en asamblea es nuestro derecho como comunidad indígena. Así podremos evitar que se aprueben proyectos que sean contrarios a los intereses de la comunidad, por ejemplo proyectos que permitan a CFE suministrar energía para un proyecto de minería a cielo abierto que se pretende construir en esta zona”, recalcaron.
En otra sección, el acta aborda los amparos promovidos contra CFE por la ocupación ilegal de nuestras tierras para la construcción de la subestación Ixtepec Potencia, líneas de transmisión y caminos. Según el acta falsa, se tomó la decisión de renunciar a la defensa de las tierras comunales y desistirse de los juicios. Esto contradice la asamblea legítima del 9 de septiembre de 2012, en la cual se la tomó la decisión unánime de demandar a CFE por este despojo.
Recordaron que a pesar de que el Juez Séptimo de Distrito emitió una orden de suspensión de la convocatoria, que fue notificada por un Notario Público al Comisariado de Bienes Comunales el 28 de mayo de 2016. El Comisariado decidió ignorar la orden del Juez Federal, por lo cual se abrió una investigación judicial por desacato que está en curso. Al ser realizada contradiciendo la orden de un Juez Federal, la “asamblea” fue totalmente ilegal.
Finalmente anunciaron que presentaran una demanda de amparo como comunidad indígena para anular esta acta ilegal, y lograr que todo acuerdo con CFE se someta a una Consulta Previa, Libre e Informada.
FUENTE: EL IMPARCIAL
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