Como un acto criminal calificó la ex diputada federal Layda Elena Sansores San Román el corte de energía eléctrica al Hospital General “Dr. Manuel Campos”, y exigió que auditen al sector salud e investiguen a sus funcionarios, y sobre todo “que corran del Estado a José Bernal Segura”, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La también representante en Campeche del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que analizarán la posibilidad de encabezar las denuncias penales requeridas para que el Ministerio Público proceda conforme a la ley, por los delitos que se hayan cometido.
Acompañada de Manuel Zavala Salazar, líder estatal de Movimiento Ciudadano, y Aníbal Ostoa Ortega, coordinador del Morena en Campeche, indicó que pudo haber sido falla administrativa de las autoridades de Salud, “pero lo que hizo la CFE fue un acto criminal. Bernal Segura debe estar en la cárcel o en la calle”.
Debe haber sanciones contra funcionarios de la CFE y del sector salud, porque si hay el recurso y está presupuestado, se debe pagar a tiempo, sobre todo cuando se trata de instituciones estratégicas, que son vitales para el desarrollo de cualquier Estado.
La también aspirante al Senado de la República por el Movimiento Progresista resaltó que lo sucedido en el nosocomio no debe volver a pasar. La CFE debe tener otras formas de cobrar y hacer advertencias cuando el cliente se trata de un hospital, lo que se demuestra que hay vacíos legales.
La CFE no se puede ir contra los más vulnerables y enfermos. Esta es la conjugación más dramática que hay, la más indignante contra niños que estaban también en ese lugar”.
“No eximo al secretario de Salud, Enrique Iván González López. También tiene que ser investigado, hay varios responsables, pero insisto, lo que realizó la CFE es un acto criminal. Debe ser el gobernador quien encabece las demandas”.
Nunca había sentido tan indignado al gobernador, porque es muy cuidadoso en sus declaraciones, (pero) hoy sí habló claro, y a mí me gusta que lo haga así, pero entonces tienes que actuar en consecuencia porque las palabras también generan hechos, destacó.
Si el Gobierno quisiera se investigaría de oficio, sin necesidad de que haya querella de los padres de los niños muertos. “Pero los culpables, la sanción moral ya la tienen, falta la sanción penal”.
Negó que tomen el caso como bandera política, “porque esto va más allá de partidos y nada justifica lo sucedido. Ni que diga que le deben la vida o que le deben años de pagar la luz, nada justifica el corte, ya que ha sido verdaderamente inhumano.
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