septiembre 24, 2012

Cortes de luz atentan contra derechos humanos


La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamenta que la CFE suspenda el servicio eléctrico en hospitales, arriesgando la vida de personas

CIUDAD DE MÉXICO (24/SEP/2012).- Imagine que a punto de una cirugía, con una enorme lámpara que permite a los médicos iluminar el área que van a operar y conectado a un monitor que registra sus signos vitales se va la luz.

El doctor ya no puede ver y se queda con sus instrumentos en la mano. Los asistentes se preguntan qué pasó. Los equipos ya no registran nada y sólo su respiración es el indicador de que usted sigue vivo. Enseguida se enciende la luz, el hospital puso a trabajar una planta de emergencia y usted sigue tendido en la cama, con su cirugía interrumpida, sin saber que un corte de energía eléctrica efectuado por los adeudos que tiene el hospital puso en riesgo su vida.

La escena es real. Ocurrió el 19 de enero de este año en el Hospital Doctor Manuel Campos de la ciudad de Campeche y sucedió porque ese día, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó suspender el servicio de energía con el argumento de que el hospital tenía un adeudo de 564 mil pesos correspondiente a seis meses de consumo.

Los cortes de energía eléctrica por adeudos son comunes, pero bajo la premisa de que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido tres mil 116 quejas desde el primero de diciembre de 2006 a la fecha, principalmente por cobros indebidos, tarifas excesivas, omisiones en la prestación del servicio y abuso en el ejercicio de las funciones de la CFE.

Cuando se hizo el balance de los 22 años de creación del organismo defensor se encontró que la paraestatal ocupa el séptimo lugar de las autoridades federales más señaladas por violar los derechos humanos en el país, seguida de las instituciones de Salud y de Seguridad. Tan sólo de enero a mayo de esta año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió cinco mil 27 quejas.

Otras organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han documentado casos donde la CFE ha criminalizado a quienes han protestado públicamente contra el mal servicio.

No hay justificación: CNDH 

El corte de energía eléctrica en el Hospital Dr. Manuel Campos de Campeche ocurrió a las 9:10 de la mañana y aunque las autoridades del nosocomio pusieron a operar la planta de emergencia, 14 pacientes tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital General de Especialidades, entre ellos, la persona que estaba en plena cirugía.

La CFE reinstaló el servicio a las 15:00 horas, una vez que el adeudo fue liquidado, pero en esas seis horas, el hospital fue un caos. Dos bebés recién nacidos que estaban en incubadora y conectados a respiradores artificiales también fueron trasladados a dicho hospital, pero murieron por el grave estado de salud en el que se encontraban.

Tres días después de lo sucedido, la CFE emitió un comunicado de prensa en el que señaló que no existió relación entre el corte del servicio eléctrico y la muerte de los bebés, “ya que inmediatamente comenzó a funcionar la planta de emergencia del propio hospital y éste nunca se quedó sin servicio eléctrico”. La paraestatal indicó que se notificó en cuatro ocasiones a las autoridades estatales para que se cubriera el adeudo y que, por lo tanto, el corte de energía eléctrica se efectuó con apego a la ley.

La CNDH no opina lo mismo. En breve emitirá una resolución explicando por qué la CFE incurrió en una violación a los derechos humanos toda vez que “no hay justificación alguna para que se suspendan los servicios básicos y mucho menos poner en riesgo la vida de las personas”, indicó el segundo visitador general de este organismo, Marat Paredes Montiel.

Ante los abusos, en varios estados del país se han organizado comités vecinales a través de los cuales tramitan quejas y realizan movilizaciones cada vez que llegan trabajadores de la Comisión a sus comunidades para cortar la energía eléctrica por adeudos.

Incluso han denunciado robos, extorsión y malos tratos por parte de empresas particulares contratadas por la paraestatal para realizar los cobros; empresas que ninguno de los usuarios tienen identificadas. 

En el Barrio de Saraperos, en Chimalhuacán, Estado de México, don Melquiades y sus vecinos han creado una estrategia mediante la cual, a través de silbatos, se llaman cada vez que hay una cuadrilla de la CFE que pretende cortar la energía eléctrica en alguna vivienda o sustituir un cable de cobre por uno de aluminio. 

“Ya sabemos que esos los llevan a un local de desperdicio aquí en Chimalhuacán donde los trozan para venderlos en Neza y el aluminio ha causado cambios en el voltaje”.

En la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, Héctor Valadés, miembro de dicha asamblea y vecino agrega que los trabajadores de la CFE llegan a las colonias intimidando a los habitantes, pues casi siempre llegan acompañados de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública “y nos obligan a cambiar medidores, pero eso sí, cuando se va la luz, ni se aparecen.

CLAVES

Casos de abuso

1  Este año, la CNDH ha recibido 734 quejas contra la CFE y 537 de ellas provienen de usuarios de Chiapas que están inconformes con el cobro de elevadas tarifas.

2 En julio pasado, en Cuernavaca, Morelos, se interrumpió el servicio eléctrico en 26 pozos de agua, lo que dejó sin el vital líquido a 180 mil habitantes durante una semana. La CFE argumentó que el corte se debió al adeudo de 38 mil pesos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

3 El Colectivo Atalaya, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dio seguimiento a las 100 quejas recibidas en la CNDH contra la Comisión de julio de 2005 a julio de 2006 y encontró que las razones fueron: cobros excesivos e injustificados; suspensión injustificada de suministro; incumplimiento o tardanzas en la reanudación del servicio; indolencia de la empresa ante obras o instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas o de sus bienes.

4  En 2009, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, habitantes de la localidad de Candelaria, en Campeche, quienes permanecieron en prisión durante 11 años por oponerse al cobro de tarifas “estimadas” por la CFE.

Fuente: El Informador

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