Entregan comuneros la planta de la Capama a policías y militares

La recuperación del equipo no se negoció ni la liberación del cecopista, dice Ernesto Aguirre

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

En menos de media hora, y sin violencia, 700 elementos de la Policía Estatal, la Marina y el Ejército recuperaron las instalaciones de bombeo de Capama en la comunidad de Salsipuedes, tomadas un día antes por comuneros opositores a la presa La Parota. Los campesinos entregaron sin resistencia las instalaciones y permitieron el abastecimiento del agua al puerto de Acapulco.

El asesor del gobierno del estado, Ernesto Aguirre Gutiérrez, informó que la única finalidad del operativo había sido recuperar el equipo, el cual se encontró sin ningún daño, y dejar una guardia policial para evitar nuevas tomas, pero insistió que esa medida no estaba sujeta a negociación, y la liberación del comunero detenido, por el cual habían sido tomadas las bombas, estaba en manos del Poder Judicial y no del gobierno del estado.

Durante toda la noche, tanto policías como campesinos se mantuvieron a la expectativa, los primeros en el acceso a los pozos, y los segundos en el área de bombeo. Alrededor de las 10 de la mañana, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, relató que había habido avances en las negociaciones para liberar a su compañero José Palma Tornez, detenido como consecuencia del enfrentamiento armado en Parotillas el 4 de abril pasado, y que los campesinos habían empezado a echar a andar las bombas paulatinamente.

A las 10:45, en helicóptero, llegaron el asesor Ernesto Aguirre, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, y el coordinador regional en Acapulco de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Concepción Bedolla Vega, y fueron recibidos por el Enlace de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Téliz, quien ha apoyado en otros momentos a los comuneros en la lucha contra la presa.

En plática con reporteros, el secretario de Seguridad Pública expresó que su presencia ahí fue para “resguardar las instalaciones, porque son propiedad nacional”.

Aguirre Gutiérrez explicó que la recuperación de la planta de bombeo no estaba sujeta a negociación, y la libertad del comunero Palma Tornez correspondía al Poder Judicial. Lo que estaba en marcha, dijo, no era una negociación, sino “una operación policial”.

Precisó que el abastecimiento del agua para la población es fundamental, hasta en materia de derechos humanos.

Los policías, marinos y soldados que se encontraban en varios vehículos en un campo de futbol a la entrada de la calle que va a los pozos, se colocaron más cerca de las instalaciones, hasta el punto donde los comuneros habían colocado troncos para impedir el acceso a la planta. El coordinador de la Coddehum explicó que él y otros abogados habían acudido a garantizar una entrega pacífica de las instalaciones, pero desde adentro del área ocupada el vocero Marco Antonio Suástegui pidió que no sólo él atestiguara, sino también Aguirre Gutiérrez y el secretario de Seguridad.

Así se hizo, y los tres ingresaron a la planta, donde ya estaba el operador de Capama, Silvestre Hernández Calixto, quien atestiguó que las bombas estaban en buen estado y que dos de ellas se habían echado a andar, de cinco que habían sido paradas.

Después de revisar el terreno, constatar que no hubo daños, que las máquinas estaban funcionando, y de que Aguirre Gutiérrez echó a andar la tercera, los funcionarios se retiraron.

A las 12:26 los policías antimotines ingresaron a la planta. Después de ellos, lo hicieron los marinos y soldados y, poco a poco, los vehículos policiales. A la una de la tarde la ocupación y desalojo había concluido sin un solo jaloneo. Marco Antonio Suástegui, para ese momento, seguía buscando el contacto con los abogados del centro de derechos humanos La Montaña Tlachinollan, para verificar cuál era el estado legal de su compañero detenido. Por la tarde, los campesinos seguían rodeando el área, en la expectativa.

Fuente: La Jornada