Morelia, Michoacán.- La mayor parte de diputados locales se opuso a erradicar el cobro por el Derecho al Alumbrado Público (DAP), sin importar que 13 municipios de Michoacán presentan excedentes en la recaudación de dicho impuesto.
Ante una evidente falta de disposición, la eliminación del DAP no pudo ser una realidad pese a haberse propuesto a través de una iniciativa presentada desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
Fue el diputado por el PAN, Eduardo García Chavira, quien propuso desde abril de 2016 la erradicación de dicho impuesto, por considerar que el servicio que ofrecen la mayor parte de ayuntamientos no responde a las necesidades de la ciudadanía.
El diputado del albiazul mostró, en abril de 2016, 21 mil 203 firmas recolectadas por parte de su equipo en varios municipios del estado como Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Zamora, Jacona, Maravatío, La Piedad, Sahuayo, Uruapan y Morelia; correspondientes a ciudadanos que exigen la erradicación del DAP.
En aquella ocasión, recordó que el artículo 73 fracción XXIX inciso A de la Constitución faculta a los Congresos locales a establecer contribuciones especiales en materia de energía electrónica, por lo cual expuso la necesidad de que los ayuntamientos se hagan cargo del impuesto tal y como lo marca el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, a fin de que los ciudadanos dejen de pagar una tarifa que actualmente se establece en las Leyes de Ingresos Municipales a criterio de la Comisión Federal de Electricidad.
Buscan ajustar tarifas del DAP
En respuesta a ello, el diputado planteó una iniciativa mediante la cual se pretende ajustar el cobro del impuesto al Derecho del Alumbrado Público (DAP), en relación a la calidad del servicio que exista en cada municipio de Michoacán.
“Daremos la batalla en el Pleno del Congreso y ahí la ciudadanía podrá ser testigo de cuáles son los diputados que están de su lado”, subrayó el legislador panista.
Ahora, busca que se analice a fondo la calidad del servicio que ofrece cada municipio de la entidad, a fin de que el cobro del impuesto corresponda a la eficiencia que presente la luminaria.
Explicó que en un plazo no mayor a seis meses se deberá realizar un censo entre los ayuntamientos, la CFE y la ciudadanía, para verificar cuántas luminarias realmente se encuentran operando.
La cuota se definirá sobre el total del consumo facturado, entre el número de contratos de la CFE, es decir, entre los usuarios del servicio.
Con la iniciativa también se pretende evitar la privatización del alumbrado público, tal y como lo pretende hacer el Ayuntamiento que dirige Alfonso Martínez Alcázar.
Fuente: Contra Muro.
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