Reabren expediente de Luz y Fuerza

Colocada en ruta la revisión de la Cuenta Pública del 2010 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, están aflorando graves irregularidades en la extinción y liquidación, por Decreto Presidencial, de Luz y Fuerza del Centro, dejando en la calle a 43 mil trabajadores

Viernes 8 junio 2012 | Alberto Barranco  | El Universal

Planeado el golpe desde el inicio del sexenio, documentos con “estrategias” al calce por parte de despachos especializados, a la hora de la verdad se improvisó sobre las rodillas, abriéndose formidables lagunas jurídicas.

De entrada, habiéndose otorgado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la tarea de liquidación de la empresa pública que ofrecía el servicio de electricidad a la capital y cinco entidades federativas del país, éste le transfirió ilegalmente los bienes a la Comisión Federal de Electricidad, vía un simple contrato de prestación de servicios. 

De acuerdo a los artículos 27 y 28 de la Constitución las tareas reservadas al Estado no son objeto de concesión, mucho menos, naturalmente, de un contrato de prestación de servicios. 

Desde luego, la maniobra se realizó para evitar que la CFE tuviera el perfil de patrón sustituto, lo que la obligaría a recontratar a los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. 

De acuerdo al artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales, éstos no son objeto de actos o gravámenes que impliquen la transmisión a terceros. 

Tampoco el SAE tiene facultades para entregar en custodia, posesión temporal o comodato, los bienes otorgados en custodia. 

El traspaso lo asumió el entonces funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno López, en su carácter de Director Corporativo de Operaciones. Como usted sabe, éste se encuentra en la cárcel sujeto a un juicio por haber aceptado sobornos de empresas extranjeras a cambio de contratos. 

Otra de las irregularidades que están aflorando apunta a la liquidación de los trabajadores, cuyo monto sobrepasó lo previsto en la Ley, con la particularidad de que la procedencia de los recursos es oscura. 

Ni en el presupuesto del 2009 ni en el del 2010 se previó partida alguna para enfrentar la contingencia. 

Más aún, tampoco se sabe qué destino tuvo el remanente, es decir los recursos que no se ejercieron al rechazar al menos la mitad de los trabajadores su liquidación. 

Como recordará usted, la Secretaría del Trabajo ofrecía premios adicionales a trabajadores que aceptaron la liquidación más rápidamente. 

El escenario le permitía a la CFE no sólo ser selectiva en la contratación de los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino abrir plazas para nuevos operadores, sujetando a unos y otros a un Contrato Colectivo distinto al que rige a sus trabajadores sindicalizados. 

En su momento, el director general del SAE, quien asumió la estafeta tras el traspaso de los bienes a la CFE, Luis Hidalgo Monroy, fue convocado a una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, con la novedad de que sus explicaciones no convencieron a los legisladores. 

El funcionario es hoy director general del ISSSTE. 

El caso es que hasta hoy no se ha cerrado la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ni se conoce con certeza el status jurídico de las plantas generadoras, el edificio sede en el Circuito Interior, o las reservas territoriales que mantenía la paraestatal. 

Las lagunas jurídicas se vuelven más espesas ante la promesa del candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de abrir una nueva empresa pública para atender el servicio al menos en la capital del país y áreas conurbadas. 

El candidato priísta a la presidencia, Enrique Peña Nieto, también ha ofrecido ubicar una salida frente al desempleo de trabajadores con larga experiencia. 

Otra vez Luz y Fuerza del Centro, en un escenario en que el paraíso prometido a la extirpación de lo que se ubicó como tumor no ha llegado. Las tarifas son más altas; el servicio es peor, y los abusos son cotidianos. 

De Guatemala a Guatepeor. 

Balance general 

Colocada hace seis meses una denuncia ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la que aún no hay respuesta, Interjet, la compañía aérea encabezada por Miguel Alemán Magnani, vuelve a la carga: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus violan la Ley de Inversiones Extranjeras. 

De acuerdo con ésta, ningún extranjero, sea persona física o moral, puede poseer más de 25% del capital de una línea aérea en el país. 

Como usted sabe, Banamex, propiedad de la entidad Citigroup de Estados Unidos, mantiene el 60% de las acciones de la firma Aeroméxico. Más aún, acaba de venderle un porcentaje minoritario cercano de 5% a Delta Air Lines. 

A su vez, Volaris dejó al menos 50% de su capital en manos de una línea aérea centroamericana, tras salirse de la sociedad Televisa y el magnate Carlos Slim. 

Viva Aerobus mantiene 40% de su participación accionaria con la familia Ryan. 

La Secretaría de Economía es la responsable de regular que se cumpla la ley en la materia. 

Se rajó Mony 

Pillado por Iusacell anunciando a una agencia de noticias el sentido de su voto para colocar en escena un Convenio de Marco de Interconexión, al final del día el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Mony de Swaan, se rajó. 

Su posición resultó contraria a la desagregación del bucle local anunciada, tras rechazar sus compañeros comisionados la exigencia de la telefónica de recusarlo para participar en la sesión. 

Digamos que el funcionario optó por el pragmatismo para evitar otro de los muchos escándalos en que ha estado involucrado. 

Lo cierto es que el jaloneo seguirá intacto ante los señalamientos de Teléfonos de México de no haber sido llamado a consulta en su calidad de principal afectado. 

Alianza por la legalidad 

 En los próximos días usted verá en algunos comercios letreros como éste: “En mi tienda sólo vendo cigarros legales”. 

Se trata de una campaña para inhibir la compra de las miles de toneladas de cajetillas de cigarros de contrabando que ingresan al país, en el marco de una campaña general bajo el nombre de “Alianza contra Productos Ilegales”. 

La Canacintra fue la primera en adherirse a la campaña. 

La idea es acotar la posibilidad de daños mayores a la salud de los consumidores, dado que el tabaco que ingresa clandestinamente no está avalado por los gobiernos de sus países.

Fuente El Universal