La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR atrajeron las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas por abogados de la CFE al perder a voluntad juicios civiles por pago de servidumbre de paso.
Las dependencias federales también investigan las supuestas anomalías detectadas en el nombramiento de Ernesto Bonifacio Núñez Rojas como jefe del Departamento Jurídico Divisional de la CFE, cuya regional se ubica en Cuernavaca y comprende los estados de Guerrero, Morelos y parte del Estado de México, según copias de documentos oficiales de esta casa editorial.
El Departamento Jurídico es foco de atención desde octubre de 2009 cuando en esta ciudad un sujeto cubrió su rostro con una máscara y asesinó de un balazo a la entonces titular Amelia Ávila Vázquez, quien viajaba con su hija a bordo de un auto con logotipos de la paraestatal.
El entonces subprocurador de Justicia de Morelos, Mario Vázquez Rojas, declaró que “por versión de familiares la finada había recibido amenazas de muerte con anterioridad”. Las investigaciones del crimen continúan en poder del Ministerio Público Federal luego de justificar la atracción y quitarle el caso a la procuraduría de Morelos unos días después de los hechos.
A la muerte de Ávila Vázquez fue nombrado jefe del departamento, Hugo Méndez Gómez, y la atención escaló porque en ese periodo se disparó el pago por “servidumbre de paso” o derecho de vía. En 2010 la CFE regional pagó 40 millones de pesos. Méndez fue cesado y actualmente está sujeto a proceso penal bajo la sospecha de haber permitido daño patrimonial a la paraestatal por perder juicios civiles, presentado por particulares para exigir indemnización por derecho de vía.
Su salida de la CFE no detuvo la avalancha de juicios civiles perdidos por los abogados de la paraestatal, al contrario la suma por pago de servidumbre de paso creció de 40 millones en 2010 a más de 300 millones de pesos hasta marzo de 2012, de acuerdo con la Tarea IFAI SAIP-2012-11034.
Según copias de documentos oficiales algunos casos sujetos a escrutinio por la Secretaría de la Función Pública y la PGR se derivan de una denuncia enviada vía internet a la titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control de la CFE, Bertha Alicia Ávila Sánchez, fechado el 5 de octubre pasado en el Distrito Federal.
La servidora pública contesta al denunciante que ya atendió sus correos electrónicos donde denuncia en contra de servidores públicos de la Gerencia de Distribución Centro Sur por el pago de línea de alta tensión con voltaje 13.3 kv., indemnizadas al ejido de Copala por un monto de un millón 131 mil 95 pesos e informa que los hechos ya están siendo investigados.
El asunto que llama la atención es el DE-001051/2010-CI cuyo oficio 18/164/CFE/CI/AQ2112/2012 tiene como rubrica la SFP y como fecha de clasificación el 9 de julio de 2010. Es una solicitud dirigida a Javier Valencia Barajas, gerente divisional de Distribución Centro Sur.
El Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Electricidad lo emplaza para que en cinco días le envíe “las actuaciones en el juicio 1/2004 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, efectuadas a partir del 1 de junio de 2012 y hasta la conclusión de dicho expediente”
FUENTE ELUNIVERSAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario