junio 01, 2014

Piden castigar a policías que torturaron a empleados de la CFE en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Las comisión nacional y estatal de Derechos Humanos exigieron a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) sancionar a cuatro policías ministeriales acusador de torturar a empleados de la CFE para que confesaran el crimen del pastor evangélico Claudio Martínez Morales, de 38 años, en la ciudad de Coatzacoalcos.

La CEDH atendió una solicitud de la CNDH que señala que los elementos de la extinta AVI torturaron a los detenidos, quienes aún se encuentran internados en el penal de Coatzacoalcos, aunque saldrán libres en los próximos días luego de haber sido exonerados por un juzgado regional.

“Hay pruebas suficientes para sostener que las confesiones que lograron los agentes fue por medio de la violencia física”, señala el oficio enviado por el ombudsman nacional como parte de la queja 7/2014.

Claudio Martínez, representante de la iglesia Comunidad de Dios fue localizado sin vida el domingo 16 de julio pasado en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Petrolera.

El cuerpo de la víctima presentaba 10 cuchilladas en diferentes partes del cuerpo, una de éstas en el cuello que le cercenó la yugular. El hecho conmocionó a la opinión pública Coatzacoalcos, razón por la que autoridades policíacas y ministeriales se dieron a la tarea de buscar a los presuntos responsables.

Semanas después, la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) –ahora llamada Policía Ministerial– detuvo a Felipe Vicente Cortés, Adrián Zaldívar Valencia, Jorge Arturo Jara García y Roberto Lara Vázquez, empleados de la CFE, como supuestos responsables del homicidio.

Sin embargo, luego de comprobarse las torturas, un juzgado regional del sur de la entidad absolvió al grupo de los cargos fincados.

Ahora, la CEDH exige castigar a los agentes Rafael Soto Sulvarán, Gustavo Alberto Lascuraín Cruz, Roberto Alfonso Becerra Medina y Raymudo Elmer Prior Reyes, todos ellos exintegrantes de la AVI.

En la recomendación también se exigen sanciones a Jesús de la Rosa Jacobo y Román Sainz Casanova, peritos y médicos forenses adscritos a la dirección de Periciales y quienes, según la CEDH, “incumplieron con su responsabilidad”.
La CEDH destacó que los médicos legistas también omitieron certificar algunas de las lesiones que eran exhibían los quejosos.

Fuente Proceso

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