Desde hace años, en nuestras mantas y consignas hemos insistido que lo que pretenden cobrarnos en los recibos de luz es una situación que no podemos aceptar. No solo por la falta de certidumbre jurídica al no tener un contrato firmado con CFE, sino por una cuestión de solvencia económica, que en el último de los casos es nuestro principal argumento y es lo que el gobierno no quiere entender.
¿Qué es lo que hemos de explicar los usuarios en resistencia? Que ganando un promedio de $ 178 diarios (algo así como dos salarios mínimos en un caso optimista), una persona puede aportar para su manutención $ 1246 a la semana o bien $ 1492 quincenales. Al mes sería algo así como $ 4984 para sostener a una familia. Recordando que el artículo 123 de la constitución dice que “los salarios mínimos generales deberán ser en el orden material, social, y cultural y para proveer a la educación obligatoria a los hijos”, nosotros nos preguntamos si el monto que se gana puede alcanzar para atender lo que mandata la Ley.
Vemos Con alarma que muchos de los vecinos enfrentamos situaciones precarias debido a que los costos de los alimentos y servicios aumentan constantemente y para costearlos hemos venido sacrificando nuestras necesidades sociales y culturales. Los usuarios que son pensionados o que aun con una edad avanzada se mantienen trabajando en los sectores informales son todavía un caso más preocupante. Hemos sido insistentes en que los costos de servicios como la luz o el predial mismo poco a poco van resultando impagables en comparación con los ingresos que tenemos.
Entonces solo tenemos dos opciones: o los salarios se elevan o el costo los servicios e impuestos bajan.
En octubre de 2016 se realizó a instancias de la CNDH, el “Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos”, donde el entonces titular Luis Raúl González Pérez, declaro que “Las autoridades del país deben reconocer la urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectivas de derechos humanos, que cuente con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal”.
En el mismo evento hubo pronunciamiento porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres, migrantes, poblaciones desplazadas y adultos mayores, entre otros. Un punto que se enfatizó fue que, de acuerdo con el consejo económico y social de naciones unidas, los ajustes económicos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos.
Retomamos esta notica porque, aunque nuestro país dice que somos parte de varios convenios internacionales que velan por la seguridad social, la realidad es que los gobernantes han legislado y ejecutado políticas que afectan a la población. Desde el comité de usuarios en resistencia “Salvador Díaz Mirón” insistimos que debe restablecerse ese estado de derecho donde los salarios permitan el desarrollo pleno de las personas y que los costos de la vida no sean un factor de marginación. Somos insistentes; o sube los salarios o se bajan el costo de la vida.
También consideramos que es necesario que los ciudadanos insistamos en que los gobernantes deben asumir que la energía eléctrica más que un servicio debe ser vista como un derecho humano elevado a rango constitucional. En ese sentido varios comités de usuarios hemos impulsado, como complemento de la lucha política, una lucha jurídica y recurrimos a un amparo para que el poder legislativo restablezca el desorden provocado por el poder ejecutivo al decretar la extinción de luz y fuerza del centro y también para que se haga un llamado a las secretarias de hacienda y energía respecto a los criterios que consideran para fijar las tarifas del servicio eléctrico.
Estamos convencidos que es una lucha difícil pero nuestro deber es insistir en que la justicia llegue y esto solo ocurrirá cuando reclamemos.
Nuestra primera batalla legal ha comenzado, pero como usuarios aún debemos discutir y construir entre nosotros la definición de lo que entendemos por tarifa social y justa, que por ahí esta una parte de la ruta de solución al conflicto que se ha derivado por nuestra huelga de pagos. Te invitamos a llevar esta discusión en el comité para fortalecer la lucha de las ideas.
Comité de usuarios en resistencia “Salvador Díaz Mirón”
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