La calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de sus emisiones de deuda local en‘AAA(mex)' y su calificación de corto plazo en ‘F1+(mex)', otorgó una calificación de ‘AAA(mex)' a su cuarta emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, a cargo del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos Número 10248, constituido en Bancomext.
La cuarta emisión es por mil 358 millones 40 mil pesos, a un plazo de 4 años, con tasa variable. La calificación que se tiene a escala nacional se encuentra en el mismo nivel que la de México y reflejan el soporte implícito del Gobierno, al igual que su posición como el generador de electricidad más grande del país.
La compañía además posee los derechos exclusivos para la transmisión y distribución de energía eléctrica, lo que la hace estratégicamente importante para la economía del país. Las calificaciones incorporan el alto riesgo de interferencia política.
CFE genera el 91 por ciento de la energía eléctrica en México y posee los derechos exclusivos para proveer servicios eléctricos en México.
El presupuesto de CFE está incorporado dentro del presupuesto del Gobierno Federal y requiere de aprobación del Congreso Mexicano. Si bien la facultad de CFE disminuye los riesgos competitivos y otros riesgos relacionados al negocio, su desempeño operativo y financiero está altamente relacionado con el de los Estados Unidos Mexicanos. La deuda de CFE no cuenta con una garantía explícita del Gobierno Mexicano.
Las tarifas de CFE son establecidas anualmente por la compañía, con participación de la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Economía, y son aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual expone a la empresa a riesgos regulatorios y de interferencia política.
La estructura de tarifas incluye subsidios a los sectores residenciales y agrícolas. CFE se encuentra parcialmente expuesto a los precios de los combustibles y fluctuaciones en los costos de producción, ya que la estructura tarifaria no transfiere al 100% los cambios en los costos de combustibles a los usuarios finales de electricidad.
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