Hace un año, tras el ajuste de 10 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, aseguró que, la ahora empresa productiva del estado, no cancelaría proyectos de inversión ni ejecutaría despidos de personal, el pronunciamiento se dio durante la inauguración de México WindPower. Y la semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte presupuestal de 132.3 mil millones de pesos, de los cuales 32 mil 300 millones corresponden a un ajuste al presupuesto del gobierno y la CFE.
Como al resto del gabinete de Enrique Peña Nieto, poca credibilidad le queda a Joaquín Coldwell. De acuerdo a la redacción filtrada a la prensa del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, la CFE puede despedir trabajadores a petición del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), así como por decisión unilateral patronal. Y, es esto último lo decidido, ante lo cual el líder del sindicato que no dudó en festinar la forma de proceder para liquidar a la CFE, enfrenta una situación de despidos, por lo tanto empieza su jornada de inconformidades y enfrentamientos.
La pésima administración federal está llevando al país a la bancarrota. De 2012 a noviembre del año pasado, los estados contables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrojaron un saldo negativo de 139 mil 192 millones de pesos, de acuerdo con el seguimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas(SME). Esto se arrastra como resultado de las nefastas administraciones del PAN del 2000 al 2012, cuando se avanzó en su silenciosa privatización. Desde 2010, en su análisis de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación alertó:
“En electricidad, la fiscalización superior tiene un amplio potencial en temas como la revisión de la capacidad de generación de la CFE, que está siendo subutilizada, con el aumento de los costos fijos y variables que ello implica, para permitir que los productores externos de energía (PEE) exploten y vendan al organismo público la electricidad que generan. Estos productores no asumen riesgos porque deciden vender a la CFE la energía que producen a los precios que pactaron en contratos que se extienden por 25 años y más. Existe un campo a evaluar por parte de la ASF en materia de licitaciones y permisos a permisionarios privados como Iberdrola, Électricité de France, Mitsubishi, AES Corporation, InterGen, TransAlta, entre otros, y que la Comisión Reguladora de Energía ha autorizado inversiones y proyectos que están desplazando a los del servicio público nacional”.
Desde noviembre del año pasado, al participar en la 25 edición de la Cumbre México organizada por la revista The Economist, Enrique Ochoa Reza, titular de la CFE, sostuvo: “la reforma energética dará la oportunidad a la Comisión Federal de Electricidad de resolver en 2016 el problema que enfrenta por su pasivo laboral, calculado en 591 mil millones de pesos. El futuro de la ahora empresa producida del Estado descansa en reducir los pasivos laborales”, subrayó. Si a la CFE le quitan de sus ingresos, menos sus costos y depreciación, tiene en números positivos de más de 20 mil millones de pesos reportados ya al tercer trimestre del año, explicó. Sin embargo, tan sólo en 2015 la empresa eléctrica reportó un pasivo laboral de 64 mil millones de pesos y otros 40 mil millones de pesos menos por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar.
En esa ocasión, el funcionario resaltó la reforma energética y aseguró le da a la CFE la oportunidad para resolver ese problema en mayo de 2016 –es decir, en dos meses- cuando se concluya el proceso de negociación de contrato colectivo con el SUTERM. Destacó: ”la reforma energética establece un mecanismo de incentivos para la CFE, su sindicato y los trabajadores, de establecer políticas públicas para reducir el pasivo laboral, esto ocurrirá a más tardar en mayo de 2016, que es la fecha que tenemos calendarizada para renegociación de contrato colectivo en la CFE”.
Los panistas responsables del multimillonario quebranto de la CFE no han sido llamados a cuenta. Hoy está en riesgo no sólo la estabilidad laboral de miles de trabajadores afiliados al SUTERM, sino su régimen de jubilaciones el cual pretende ser llevado sin distingo alguno a la imposición de las cuentas individuales. Impunes están los excesos, corrupción, políticas antinacionalistas y desmedidos privilegios que privaron al interior de la antes empresa pública en los regimenes de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La CFE esté al borde del colapso financiero, pero los funcionarios responsables ni siquiera han sido molestados por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien siguió con este proceso: para empezar a los directores de CFE, Alfredo Elías Ayoub y Antonio Vivanco Casamadrid, en los mandatos panistas y a Francisco Rojas Gutiérrez y Enrique Ochoa Reza, en esta gestión de Peña Nieto, así como a los secretarios de Energía en el foxiato: Ernesto Martens Rebolledo, Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Elizondo Barragán y Fernando Canales Clariond; y en el calderonato, Georgina Kessel Martínez; José Antonio Meade Kuribreña y Jordy Herrera Flores, y por supuesto en esta gestión, a Pedro Joaquín Coldwell.
Tampoco, de acuerdo a las denuncias del SME, se ha llamado a cuentas a ex funcionarios de la CFE en la administración de Felipe Calderón, los cuales se negaron a acatar una resolución del Poder Judicial que obligaba a dependencias como la Secretaría Energía, del Trabajo y Previsión Social, y la propia CFE a informar al Congreso sobre la desaparición de un Fondo Mutualista por 683 mil millones de pesos, producto de 50 años de ahorro de los jubilados del SUTERM. Sus líderes lo mantienen en calidad de desaparecido, pese a existir un laudo de las autoridades laborales para devolver sus ahorros a sus legítimos dueños.
Ahora se pretende absorber los pasivos laborales tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos –casi 2 billones de pesos- para transformarlos en deuda pública, es decir, en dinero que debemos pagar todos los mexicanos como sucedió con el rescate bancario o el carretero. La forma de proceder en la administración actual sobre un patrimonio nacional heredado legalmente por mandatarios nacionalistas, es, simplemente, infame.
CONTRATO MODIFICADO
El contrato colectivo de trabajo de la CFE ya fue modificado desde el año pasado, según convinieron la dirección y el SUTERM, para facilitar el adelgazamiento de la plantilla de trabajadores mediante los despidos que considere pertinentes la empresa. De acuerdo con documentos filtrados a la prensa, por ejemplo, se estableció que las bajas de personal se podrán llevar a cabo por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que alteren o suprimen el desarrollo de determinadas labores. En la cláusula 24, se establece que un comité mixto de productividad, integrado por el director general de la CFE, y el secretario general del SUTERM, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de inversión financiada, entre otros, aprobará las modificaciones de estructuras organizacionales y plantillas de personal.
La cláusula 46 señala que los trabajadores podrán ser separados –además de las causas previstas por la ley- por no acatar los estatutos del SUTERM, por voluntad propia, por determinación de la CFE, por modificaciones, aditamentos o nuevos sistemas de trabajo. O sea, por lo que les venga en gana. Además, se pretende “convencer”, a todos los trabajadores por igual, de sumarse a la propuesta oficial de cuentas individuales para el retiro, con lo cual perderán buena parte de sus derechos sindicales, cuando los jubilados no saben en donde quedó el dinero de sus ahorros.
Los pasivos laborales, excusa para mutilar las prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo, no explican el problema del actual quebranto financiero de la CFE, como sucedió en su momento con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). De acuerdo con el diagnóstico de la ASF tras el cierre de la paraestatal en 2009: “deberá evaluarse, por parte de la fiscalización superior, el contexto económico, financiero, legal y político de la extinción y liquidación de LFC. En el marco del predominio de la inversión extranjera en una industria de generación y suministro de electricidad que constitucionalmente pertenece al Estado mexicano, habrá de revisarse qué tanto la liquidación de LFC, la propia subutilización de la capacidad instalada y desplazamiento de la CFE son resultado de la presencia de permisionarios privados y no tanto de deficiencias operativas y financieras del organismo liquidado. Qué tan expuesta está la CFE para que entre en un proceso similar o se convierta en un intermediario para comprar-vender electricidad y así salvar a los preceptos constitucionales”.
Con la reforma energética, la CFE ha entrado en un proceso similar al de LFC. Se les advirtió a los sindicalizados que tarde o temprano recorrerían el mismo camino y, sin embargo, nada hicieron por lograr la simpatía de los usuarios, sobre todo del grueso del doméstico, de los mayormente afectados por la instalación de los supuestos “medidores inteligentes”. Se hicieron cómplices de los movimientos y cochupos con los marcaron cobros impagables por el servicio. Así, lo menos manifestado públicamente es la alegría de verlos hundirse en un lodo por ellos mismos alimentado.
JUGADA DEL LÍDER DEL SUTERM
Consciente de la tormenta que viene, al arrancar esta semana, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Víctor Fuentes del Villar, instruyó a sus agremiados a no permitir la aplicación de la reforma energética. El líder, calificado en multitud de ocasiones como “oficialista”, cambio temporalmente su discurso y en una misiva a los secretarios generales y delegados seccionales, así como a coordinadores regionales les dio indicaciones para que “bajo ninguna circunstancia los sindicalistas se presenten a reuniones en donde se planteen supuestas modificaciones a los métodos de trabajo y estructuras organizacionales de la CFE derivados de la reforma energética”. Precisó que los cambios en los esquemas laborales producto de la nueva reglamentación en la materia tendrán que ser acordados con el sindicato, es decir, con él.
Pero este posicionamiento duró sólo 48 horas. Al término de la asamblea conmemorativa del 80 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fuentes del Villar manifestó su disposición a negociar con la CFE los cambios derivados de la reforma energética. Descartó exista alguna ruptura entre el sindicato y la CFE y dijo se dio una confusión con la carta publicada hace dos días. En los meses recientes, ha habido discrepancias entre la dirigencia del SUTERM y los directivos de la CFE por los métodos que se están aplicando para los cambios a la ley en la materia, pero no en las cuestiones de fondo y el charrismo se impone.
Víctor Fuentes del Villar es secretario general del SUTERM desde el 2005, en sustitución de Leonardo Rodríguez Alcaine, quien ocupara el cargo por más de tres décadas y quien además era su tío. Ingresó a la CFE en 1956. En la pasada elección presidencial, Fuentes del Villar manifestó abiertamente su apoyo a Enrique Peña Nieto. Tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el SUTERM tomó impulso. En 2007, Fuentes del Villar fue revalidado como secretario general del SUTERM.
El año pasado se reveló que Fuentes del Villar tiene un sueldo bruto de 20 mil 628 pesos. Sin embargo, posee cinco propiedades en el Distrito Federal y el Estado de México que en su conjunto tienen un valor actual de más de 30 millones de pesos. Las dos más valiosas fueron adquiridas en julio y agosto de 2009, curiosamente antes de la liquidación de LFC. El costo de esas propiedades le resultarían imposibles de pagar, aún si se suman todos sus sueldos desde el 2005, año en que asumió el liderazgo del SUTERM, sus percepciones en esos cuatro años fueron de 990 mil pesos. Pero como secretario de ese sindicato, maneja un presupuesto promedio anual de 63 mil millones de pesos. Suficientes para la entrega hecha ¿o no?
EL ATAQUE NOCTURNO A LFC
En la penumbra, al filo de la medianoche del 10 de octubre de 2009, a la mitad de la gestión de Felipe Calderón, soldados disfrazados de policías tomaron por sorpresa las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Al mismo tiempo, el gobierno panista publicó en una edición extraordinaria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decretó en el que determinó la “extinción” de ese organismo descentralizado, el cual agrupaba a más de 41 mil trabajadores activos y 25 mil jubilados. Cinco días antes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó la toma de nota al comité de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, a pesar de un litigio no resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Además de Felipe Calderón, el decreto lo firmaron 10 de sus secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont, Gobernación –quien, de acuerdo a su propio dicho, fumó mariguana y llegó a secretario. ¿Fue por el churro fumado que firmo?-; Agustín Carstens, Hacienda; Georgina Kessel, Energía; Ernesto Cordero, Sedesol; Gerardo Ruiz, Economía; Juan Molinar, Comunicaciones; Javier Lozano, Trabajo; Salvador Vega, Función Pública; Juan Elvira Quesada, Semarnat; y Francisco Mayorga, Sagarpa. Estos fueron los funcionarios responsables del viacrucis que vivieron los trabajadores del SME, difamados por el gobierno, quien montó una gran campaña propagandística en su contra. Muchos se vieron en la necesidad de liquidarse, sin oportunidad de conseguir otro empleo, y unos más se mantuvieron en la lucha.
El monto de las liquidaciones entregadas por el gobierno, aún con el bono que ofreció, no compensaban lo que les correspondía por antigüedad. Las promesas de recontratación no se cumplieron. La CFE recontrató sólo a los que tenían de 25 a 40 años máximo; a quienes tenían una especialización, a los no demandantes y los ajenos a cualquier posición dentro del SME. Los ex trabajadores de LCF no lograron colocarse en el servicio público porque existió una disposición del gobierno federal para ese efecto. Otros, hombres y mujeres, han enfrentado discriminación por su edad y por haber pertenecido a Luz y Fuerza no tienen aceptación en el mercado laboral.
El embate oficial contra el SME aún sigue. Apenas este martes, el grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue si el Sindicato Mexicano de Electricistas incurrió en desvíos de recursos para financiar las actividades políticas del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El punto de acuerdo propone que en caso de que el INE detecte desvío de recursos desde el año 2006 a la fecha, se apliquen sanciones previstas en la legislación electoral. Así de pareja es la justicia legislativa en este país.
Fuente Revolución 3 punto cero
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