agosto 30, 2016

Ingenieros ofrecieron 3 pesos por cada árbol tirado; a Isabel le recordaron lo que es resistirse a una empresa eólica al incendiarle su parcela

(30 agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Vayan a buscar a otros, porque esta parcela es mi reliquia, es el recuerdo de mi padre, no está en venta ni en renta, porque cuando yo llego a ese lugar siento que él está vivo”, respondió Isabel Jiménez, a dos de los ingenieros de la empresa gas Fenosa.

Ambos hombres representaban a los empresarios que lucran con el viento, pero también la represión, el hostigamiento, la humillación y el engaño de las empresas de energía eólica, que con la ayuda incondicional del gobierno local, estatal y federal han obtenido ganancias multimillonarias a costa de la vida y la alimentación de muchas familias en Juchitán.  

La historia de Isabel es amplia y su narrativa fluye cuando describe la lucha de su pueblo, lucha que también es suya; entre palabras y breves pausas, los sentimientos se escapan, pero logra contener las lágrimas. Su dolor se refleja en cada una de sus palabras, al conversar con Revolución TRESPUNTOCERO.

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Ella es representante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, un nutrido grupo de campesinos que luchan por ganarle a los empresarios, a quienes hace algunos años llegaron a engañar a los dueños de parcelas, asegurándoles tendrían millones si permitían que en su tierras se instalaran aerogeneradores. El dinero no llegó, las empresas permanecen y tan solo en Juchitán existen 12 parques eólicos, que han dejado una gran derrama económica, pero solamente para los empresarios y posiblemente, dicen, para los gobiernos vía corrupción.

En 2013, dos ingenieros visitaron a la madre de Isabel, quien en aquel entonces, gracias a su hija sabía que en Panamá este tipo de empresas habían destruido la vida y tranquilidad de las comunidades y también conocía sobre “Las venas abiertas de América Latina”, por lo que cuando le ofrecieron “ganar muchos millones” a cambio de rentar sus tierras, ella se negó rotundamente.

En aquella reunión, algunos campesinos desistieron de la idea de rentar sus tierras, esto porque uno de ellos preguntó si los árboles que se encontraban dentro de las propiedades se mantendrían, los ingenieros respondieron que no, pero a cambio cada uno de los que talaran se los iban a pagar.  

“¿A cuánto?”, preguntó la misma persona , la respuesta: “tres pesos por cada árbol que se tire”, “si un campesino llegaba a tener 20 mil pesos anuales por la venta de las ciruelas y mangos. Cómo iba a dejarlos talar por tres pesos. Él comentó que la cosecha de ambos frutos, es de cinco a seis generaciones atrás, y ellos de buenas a primeras querían tirar todo, todavía le respondieron ‘pero si se los vamos a pagar’.

Ya molesto, el campesino les dijo, ‘mejor denme una bofetada, tanto tiempo para que crezca un árbol y puedan producir, y ustedes quieren pagar tres pesos’, si no hubiéramos hecho ese tipo de preguntas posiblemente la mayoría de los vecinos hubieran hecho compromiso con la empresa Fenosa”, agrega Isabel.

Ese fue el inicio de una incansable lucha por parte de los campesinos de Juchitán, quienes, con la representación de Isabel Jiménez han expuesto su caso en Washington, e incluso hasta Ginebra, Suiza, pero como suele suceder con los casos de violaciones a derechos humanos, los tres distintos órdenes de gobierno han fingido ceguera absoluta, no solo ante la explotación, sino ante el inminente peligro, demostrado con distintos elementos de prueba, que padecen quienes se mantienen en resistencia.  

La resistencia a los parques eólicos se hizo visible el 25 de febrero de 2013. Isabel se integró porque fueron los campesinos y pescadores, quienes le conseguían los productos para su actividad, quienes la invitaron a participar. “Ellos fueron los que me confirmaron que ya las eólicas comenzaban a escarbar en la zona más húmeda, donde había mayor variedad de flora y fauna.  

Desde 2007 comenzaron en zonas como La Venta, la Ventosa, Santa Rita y parada San Vicente que son territorios de Juchitán, porque forman parte de las 68 mil hectáreas que pertenecen a las tierras comunales de la cultura zapoteca. Ya para 2013 comenzamos esta resistencia porque las afectaciones son incontrolables, esto ya estaba sucediendo en nuestra comunidad sin ninguna consulta previa libre e informada, como lo marcan los estándares internacionales, que tiene que ver con el respeto a los pueblos indígenas”, añade la entrevistada.

Siendo una practicante de la medicina tradicional, para Isabel la flora de su región le es de suma importancia. “Trabajamos la medicina tradicional alternativa, con las hierbas, con los árboles de esta zona de Juchitán. Hoy las empresas afectarán los espacios donde se combina el agua dulce con el agua salada, donde el manto freático está a escasos metros y se encuentra la laguna superior que nos alimenta todo el año, toda la vida”.

A su vez, en esa misma zona, existe una variedad de especies de animales que estás sufriendo peligro de extinción ante la invasión, destrozo y rompimiento de las eólicas. Isabel explica que han dejado sin hogar a distinta fauna, y sin alimentación, porque al escarbar e instalarse en poco más de 10 metros de profundidad y 64 metros cúbicos rellenos de varillas y cemento en cada hectárea, han desaparecido las especies de animales y las plantas medicinales.  

Ella explica que anteriormente, ella le pedía a los campesinos y pescadores hiervas y ellos les entregaban costales, pero de pronto, ya desde hace algunos años, comenzó a escasear al grado de hacerle falta distintos productos y verse en la necesidad de viajar no solamente a la ciudad de Oaxaca, sino hasta Chiapas, generando con esto mayores gastos y menores ingresos.

Además de lo anterior, Fenosa, ha afectado sitios litúrgicos, lugares de culto y espacios históricos, como lo hicieron “donde fue la guarida de la rebelión de Juchitán había tumbas y entre éstas y las capillas sembraron aerogeneradores y han ocupado el camino comunal”.

Otro ejemplo, son los pozos, los que han bajado su nivel de agua, porque al construir y rellenar con cemento las bases, se obstruye las venas del manto freático que alimentan los pozos, entonces aquellas cosechas de maíz, calabaza, frijol, sandía, melón, pepino y Jitomate son sembradíos afectados, y el tiempo y cantidad de las cosechas ha venido en disminución.

Otra problemática ha sido el desmembramiento de la unidad de la comunidad. Los empresarias han sido capaces de contratar a quienes difamen a los miembros del comité de lucha, que ha sido lo menos agresivo, ya que los secuestros y los atentados han sido constantes, sin dejar de agregar las llamadas telefónicas amenazantes, donde les exigen que dejen de la resistencia en contra de los parques eólicos.

El primer reclamo, en 2013, fue no haber tenido una consulta previa libre informada, lo que provocó la primera represión al campamento donde se encontraba la disidencia. A un mes de iniciado el plantón, el 26 de marzo de 2013 los intentaron desalojar, era de noche y no habían muchas personas ahí, porque los demás estaban cuidando el camino comunal, se lo habían bloqueado a la empresa, aunque ésta había abierto otro y contrató pistoleros para cuidarlo.

Llegaron los policías y lastimó a hombres y mujeres por igual. El intento de desalojo no lo lograron porque la comunidad de Juchitán se unió ante el forcejeo, ahí mismo detuvieron a una policía (mujer), a quienes intentaban intercambiar por los detenidos de la resistencia. Aunque aquello casi les cuesta la vida, ya que los policías buscaban “romper el diálogo” para pasar a la represión.

Después de aquel episodio, los campesinos en resistencia comenzaron a ser calificados como terroristas. Los inculparon de quemar carros, cuando hubo testigos que además de gases lacrimógenos fueron los mismos elementos quienes incendiaron los vehículos, todo esto con el resguardo de la Marina.

Aún con la violencia la resistencia se mantuvo y se logró que en 2014 se llevará a cabo una consulta, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Energía. “Pero fue amañada y se violaron cantidad de veces los derechos humanos”, denuncia Isabel.

“Los requisitos de una consulta indígena dicen que debe de ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, no fue nada de eso. No de buena fe porque no vieron la necesidad de la comunidad e hicieron que empatara con sus fechas en las que tenían que realizar otras actividades, así como los horarios de los campesinos, los trabajadores y las amas de casa.

No fue previa porque ya habían contratos de manera privada con los dueños de estas parcelas porque al ser territorio comunal debieron de haberlo hecho delante de toda la comunidad. Y el estudio de impacto ambiental, no fue realizado en la comunidad, nos dimos cuenta por los tipos de plantas y animales que presentaban, esta información debía haber sido tripartita, entre la comunidad, la empresa  y el gobierno, que debería ver donde se pretendía imponer las eólicas  

Y además no fue libre en la consulta porque en lugar de informar a la comunidad por medio de anuncios y perifoneo, se amenazó y amedrentó a los habitantes. Cuando la asamblea popular del pueblo juchiteco llegamos en la consulta vimos a mucha gente con armas, por eso ya no es libre, desde el primer día comenzaron las amenazas por teléfono nos decían que nos saliéramos de ahí que sino lo hacíamos se iban a desquitar con nuestras familias”, sentencia Isabel.

Quien a su vez agrega, que a uno de sus compañeros hombres con armas largas y encapuchados lo seguían, según alertó la población, además había vigilancia y constante tránsito de carros sin placas y con vidrios polarizados. Aunque mantienen medidas cautelares, Isabel denuncia que los policías nunca acuden a sus llamados y el botón de pánico que les entregó el Mecanismo de Segob, solamente los comunica a Telcel.

Como pasó con su compañero Mariano, a quien un grupo de hombres en un carro comenzaron a vigilar su hogar, y al comunicarse con la policía solamente se dedicaron a interrogar si podía ver si quienes estaban afuera de su casa estaban armados o no. Los elementos se presentaron hasta el día siguiente, sin realizar ningún tipo de acción relevante.

A Isabel también le recordaron lo que es resistirse a una empresa eólica, incendiaron su parcela, los peritos aseguraron que fue un acto premeditado, nadie le avisó y nadie dijo si vio algo. Poco después las amenazas siguieron y una serie de disparos se escucharon afuera de su casa, un día antes de su asistencia a la consulta. Pero no fue suficiente, continuó asistiendo y luchando.

“La consulta fue cerrada cuando quisieron con amenazas y mal hecha, por eso interpusimos una demanda de amparo, la cual lleva un año y no ha habido respuesta por parte del juez. En el tiempo que se realizó la supuesta consulta, incluso la ONU documentó las violaciones a derechos humanos, además del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) la organización que nos da acompañamiento y lleva el caso jurídicamente.  

Estando en una reunión de la consulta, no les importó que gente de la ONU estuviera presente, también junto con ellos nos encerraron en la casa de la cultura, en otra ocasión hicieron lo mismo estando ahí la brigada internacional de paz”, recuerda Isabel.

Mientras todo esto pasaba Fenosa con sus pistoleros logró entrar y construyó los aerogeneradores en las tierras de los campesinos ya les habían entregado, antes de conocer la información completa.  

“Dentro del territorio de Juchitán las 12 empresas que tienen parques eólicos entraron de manera violatoria porque en lugar de hablar con toda la comunidad fueron a ciertos lugares, con ciertas familias a pedir que les rentaban o vendieran en las tierras.

Por medio de engaños y mentiras a los campesinos les quitaron sus tierras, les dijeron que ganarían millones, pero hasta hace dos años les pagaban solamente el 1% (repartidos entre todos los que rentan) del total de las ganancias de la empresa, hasta hace dos años les dieron 15 mil pesos anuales a cada uno, ahora solamente les entregan vales, que pueden canjear solamente por herramientas como hachas y motosierras”, comenta Isabel.

Al insistir, les preguntó a ambos, “ustedes que estudiaron díganme qué calidad de vida piensan dejarles a las futuras generaciones después este proyecto”, no dijeron nada, se levantaron y se fueron. Pero no significó dejar de insistir. Cuando supieron que ahora la propietaria de la tierra era Isabel la buscaron.  

“Me llevaron una invitación, me dijeron que para no hacerlo de casa en casa ya tenían un lugar de reunión que era un rancho cercano a mi parcela, también me enteré que habrían otros campesinos en aquella junta. Ese era el momento para hacer una serie de preguntas que posiblemente los campesinos no harían y así se darían cuenta de los riesgos que implicaba permitir aerogeneradores en nuestras tierras.

Llevé a seis sobrinos y cada uno le pedí hiciera ciertas preguntas a los representantes de las empresas. Una de éstas fue cuánto espacio ocuparían los aerogeneradores, uno de ellos respondió que solamente 1 metro cuadrado, por lo que un sobrino les reviró ‘en serio eso nada más, porque yo he visto en otros lugares y el espacio es más grande, volvió a responder: ‘posiblemente 4 metros cuadrados, es el máximo ocupamos”, narra Isabel.

Quien cuestionó que eso fuera verdad, puesto que había investigado con un ingeniero y le había dicho que eran 64 metros cúbicos lo que ocupaba una sola base, y agregó “¿por qué engañan a los campesinos así?” Un propietario que estaba a su lado preguntó si su ganado podría pastar cuando ya estuviera instalado el aerogenerador, y aunque le respondieron que sí, lo hicieron de manera nerviosa.  

Esto porque instalando los también conocidos ‘molinos de viento’, no queda espacio y a esto se suma que los empresarios una vez obtenidos los permisos toman como suyas las tierras y no permiten que el dueño realice algún tipo de actividad, no sin el consentimiento de la empresa.

Para quien le resulta un hecho irónico, puesto que los campesinos ya no tienen tierras donde sembrar y que trabajar, ya sea porque los aerogeneradores han echado a perder el territorio, como es el caso de ciertas milpas donde los elotes ya no nacen, o porque ya no tienen el espacio para cultivar absolutamente nada.

Este martes Isabel Jiménez será la voz nuevamente de toda la comunidad de Juchitán, dará a conocer su caso ante el grupo de la ONU que estará en México durante toda la semana documentando las violaciones a derechos humanos por parte de empresas.

Ella espera sea una oportunidad para evidenciar el dolor, sufrimiento y cansancio de una comunidad que se resiste a ser pisoteada por las multimillonarias empresas que han acaparado el viento.

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