¿CFE: nuevo paradigma?

CREDITO: 

Alberto Aguirre M.

Autosuficiencia es la palabra del 2016 para los trabajadores de la industria eléctrica, la cual a partir del próximo año quedará completamente abierta a la competencia. “Será necesario ser productivos y tener números positivos al término de los seis años que se nos dará margen para lograrlo”, instruyó la Secretaría General del SUTERM a sus afiliados recientemente, tras definir su postura ante el ajuste irrevocable, producto de la reforma energética.

La empresa y la representación sindical han activado Empréndete, un programa para concientizar a las bases electricistas sobre el “cambio de paradigma”, encaminado a la productividad y a un “mayor compromiso con el trabajo”.

Quedan exactamente siete meses para que ocurra ese cambio de mentalidad. Las partes pactaron la separación del personal para el 28 de junio del 2017 en acatamiento a la nueva regulación, que mandata la separación de la CFE en 11 empresas subsidiarias y filiales. Las primeras son propiedad del Estado, mantienen sus activos y deberán ser autosuficientes, asunto estrictamente competencial de los afiliados al SUTERM.

Sin resignarse, los trabajadores electricistas están dispuestos al cambio, pero quisieran un esfuerzo similar por parte de la cúpula de la CFE. Y es que en la empresa muchos comentan —más en serio que en broma— que la dirección general de la empresa está en Insurgentes... esquina con Luis Donaldo Colosio.

Para la dirigencia sindical, la única opción está del lado de las bases. Una muestra está en el oficio ASG/VFV/137 enviado el pasado 8 de noviembre por Víctor Fuentes del Villar a la Dirección General para reclamar sobre las liquidaciones cobradas por el extitular de la empresa, Enrique Ochoa Reza, y al menos una docena de colaboradores.

Los dictámenes de reajuste emitidos a favor del personal de confianza adscrito a la Dirección General —emplazó el secretario general del SUTERM— debían ser modificados para que fuera “separación voluntaria” la causa de la baja. (Un mes después, Ochoa Reza decidió donar su liquidación a dos fundaciones).

“Sus atentos señalamientos serán considerados para lograr el objetivo primordial de analizar, en estricto respeto a los derechos de los trabajadores, la modalidad que deba ser aplicable según cada circunstancia al personal que cauce baja de la empresa”, respondió Ignacio Chávez Sánchez Aldana, gerente de la CFE, quien emplazó al líder electricista a buscar las alternativas más benéficas para el equilibrio entre el respeto de los derechos laborales y la mejor viabilidad financiera de la CFE.

El 1 de noviembre, la CFE inició la operación independiente de sus empresas subsidiarias de Transmisión, Distribución y Suministro Básico, y sus filiales CFE Calificados, CFEnergía, CFE Internacional y la de interconexión de contratos legados también operan ya de forma independiente, de acuerdo con los términos para la separación legal de la CFE emitidos por la Sener.

Respecto de la separación de personal, en una primera etapa se designaron los directores generales y también ya se asignaron los equipos de Gestión de Energía a cada actividad que ya participa en el mercado de forma independiente.

Además, los consejos de administración de cada una de estas nuevas empresas ya se integraron. Pero entre los electricistas y los trabajadores administrativos se quejan por la indefinición que priva al interior de la empresa productiva del Estado mexicano desde la salida de Enrique Ochoa Reza.

“El director general está dedicado a corregir la situación financiera de CFE, mientras el equipo de Ochoa Reza sigue en el control operativo y administrativo”, describen funcionarios de primer nivel inconformes con el rumbo tomado por la empresa. Jorge Araujo Balderas, quien maneja licitaciones y compras desde la dirección de inversión financiada; Guillermo Turrent, al frente del área internacional; Francisco de la Parra, director de Administración y la titular de Suministro Calificado, Katya Somohano, la subsidiaria que desde la separación atiende a los 300 consumidores más grandes.

Fuente: El economista